Con un total de 736 respuestas recibidas, el pasado 31 de julio se dio cierre a la consulta pública de ANID, tendiente a recoger las opiniones de la comunidad respecto de la nueva Política de Acceso Abierto a Información Científica y Datos de Investigación, que será implementada por la Agencia a partir de 2021.

“Hasta ahora, el resultado de las investigaciones científicas se publica, principalmente, a través de papers o bases de datos, a las que se accede mediante una modalidad de pago. Es por ello que, desde hace años, agencias dedicadas a financiar ciencia en todo el mundo se han planteado la forma de poner dicho conocimiento, generado a través del financiamiento estatal, a disposición de la comunidad científica en general, y de la ciudadanía”, explica la directora nacional de ANID, Aisén Etcheverry.

En este contexto, la Agencia ha recogido la experiencia de diversos organismos, actores y expertos en la materia, tanto en Chile como en el extranjero, a lo que se suma la consulta participativa implementada a través de la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento (REC), que estuvo abierta entre los meses de junio y julio. “Por primera vez ANID realiza una consulta de estas características, como una nueva forma de conocer las opiniones de todos los actores de la sociedad sobre este tema, especialmente, de parte de quienes los utilizan”, señala Patricia Muñoz, directora de REC.

De acuerdo al análisis preliminar de los datos, a cargo del Departamento de Estudios de ANID, la mayor cantidad de respuestas provino de la Región Metropolitana (42,8%), seguida de las regiones de Valparaíso y Biobío, ambas con 10,4%. El 60,6% fueron respondidas por hombres y el 37,2% por mujeres, en tanto que el 2,1% correspondió a respuestas de personas jurídicas, entre ellas universidades y centros de investigación.

Representantes de diversas disciplinas de investigación participaron de la consulta pública, contando con mayor presencia las Ciencias Naturales (32%), y Ciencias Sociales (31%); en menor proporción desde las áreas Medicina y Ciencias de la Salud (13%), Ingeniería y Tecnología (11%); y, un poco más abajo, Humanidades (7%).

Aisén Etcheverry comentó que “queremos partir de la lógica de que todo conocimiento generado con fondos públicos debe reportar beneficios para la sociedad y, en consecuencia, estar disponible para su uso”. En ese sentido, la política no solo apunta a compartir de forma libre resultados como papers o libros, también a que las bases de datos puedan ser utilizadas por la comunidad científica, para así avanzar de forma más rápida y eficiente en investigaciones que contribuyan al avance general del conocimiento, al bienestar y la calidad de vida de todo el país.

Patricia Muñoz destaca que la nueva política es fruto de un trabajo iniciado hace más de 10 años, recogiendo experiencias previas de acceso a la información científica, como la iniciativa SciELO- Chile y la red de repositorios de acceso abierto a la ciencia en Latinoamérica, conocida como LA Referencia. “Hemos pavimentado este camino a través de diversos instrumentos durante estos años, lo que nos ha permitido llevar adelante este trabajo, generando una cultura institucional respecto a la necesidad de propiciar el acceso abierto a la información científica”, concluyó.